El profesor fuera de la caverna.

CIRCULO 55

Por
Fernando Riera.
Profesor de Filosofía .

 

 

Tú eliges el lugar de la herida
En donde hablamos nuestro silencio.
Tú haces de mi vida
Esta ceremonia demasiado pura.
Alejandra Pizarnik.

Lo importante en todo este gran lío es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Así figura en la carátula del expediente: “Desaparición forzada de persona”. Una breve referencia a un tratado internacional al que la República Argentina adhiere; la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” señala, en su artículo ll que “se considera desaparición forzada (…) la privación de la libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertado de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías legales pertinentes”.

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la desaparición forzada de personas constituye un “delito continuado” que afecta de manera directa y compleja los derechos humanos más esenciales.

Por último, Luís Moreno Ocampo y Eduardo Barcesat publicaron en el año 2001 un texto jurídico titulado “La desaparición, crimen contra la humanidad”. Sostienen que una desaparición forzada se configura cuando concurren las siguientes circunstancias: 1- aprehensión de uno o más individuos llevados a cabo en operativos protagonizados por Fuerzas Armadas o de seguridad o quienes vistiendo de civil actúan con la autorización, el respaldo, la tolerancia de la autoridad estatal, 2- La negativa del gobierno de asumir responsabilidad en el hecho y de llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. 3- El rechazo sistemático de las fuerzas actuantes de proveer información sobre la víctima. 4- La prolongación indefinida de una situación nebulosa, fronteriza sobre la vida o la muerte.

Dejo la búsqueda de las referencias exactas de lo citado al lector, es un buen ejercicio didáctico.

Las tres referencias citadas aluden a la desaparición forzada de personas y a la violación de los derechos humanos.

Por trabajar en clase sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado desde una obligación transversal a la práctica docente argentina, el día 7 de septiembre de 2017 recibí una denuncia por parte de un estudiante de FINES en el CENS 451 de Pilar.

Desde este portal me ofrecieron relatar la situación y publicarla. Lo voy a hacer. Luego, de la manera más resumida que pueda, voy a fundamentar (con las desprolijidades propias de estas altas horas de la noche) los motivos que, creo, algunos de los profesores de nuestra nación esgrimimos, con diferencias sutiles o hiperbólicas, para hablar de una cuestión política de Estado.

El mismo día de la denuncia me presenté, en tiempo y forma, en el CENS 451 para entregar un proyecto pedagógico que fundamenta mi elección didáctica y los contenidos curriculares que pretendo desarrollar en el transcurso de las 48 horas cátedra por comisión que como profesor de Filosofía tengo para el plan FINES. Me encuentro con la directora del CENS en su oficina y al ver mi nombre, Fernando Gabriel Riera, D.N.I: 25.784.285, me dijo que conmigo quería hablar. Me pidió que la acompañe a otra oficina. Fuimos a la sala de informática, le pidió a dos personas que estaban allí que nos dejaran solos.

Ya en nuestra íntima entrevista me comunicó que un alumno de la sede “X” me había denunciado por hablar de política en el aula. Me leyó la denuncia. El alumno denunciante había dejado constancia en actas que dedico 1:50 hs. a hablar de política y fundamentalmente del caso Maldonado, y que dedico sólo 10 minutos a dar clase. Que la denuncia la realizaba en nombre de todos sus compañeros.

Hablando en su nombre, la directora del CENS me dijo que en la escuela no se habla de política ni del caso Maldonado, que la inspectora del distrito se iba a poner en contacto conmigo. Hice mi descargo, me escuchó respetuosamente. Le dije que no me sentía cuidado por mis superiores teniendo en cuenta que nunca habían visto mis clases y que lo que afirmaba, emitiendo un juicio acusatorio, lo afirmaba a partir de una denuncia sin haber corroborado lo sucedido, sobre todo sin saber el modo en que había decido hablar de un tema tan delicado. Y que defendía mi derecho a hablar del particular porque doy una materia que se debe involucrar en ciertas cuestiones de gravedad como lo es la desaparición forzada de Santiago Maldonado y porque, considero que la filosofía no es la iteración de ideas muertas para el regocijo petulante de subjetividades enciclopédicamente nutridas; por el contrario, creo que es la iteración de ideas que nos invitan a renacerlas ante cada gesto, ante cada acontecimiento cotidiano que merezca una reflexión crítica y constructiva.

Amparándome en la “Ley Nacional de Educación” y los diferentes artículos que me obligan y me dan el derecho a hacerlo, le comenté que pretendía continuar hablando de política no partidaria porque la educación es un gesto político.

Su respuesta continuó por el mismo sendero. Me respondió nuevamente que en la escuela no se habla de política ni de ideología, y que ella “cuidaba a sus alumnos” (le pedí que seamos lo más precisos posible con el lenguaje porque los estudiantes no son “sus alumnos”. Son estudiantes que están finalizando sus estudios gracias a un plan que se gesta en el marco de una política educativa específica), continuó diciéndome que agradezca que me lo decía personalmente y que me cuide de los contenidos que doy porque en cualquier momento me caían al aula para supervisar mis clases, lo iban a hacer sin previo aviso. La invité a que presencie mis clases con la inspectora, o con la autoridad competente que considere, cuando lo desee. Labró un acta confusa sintácticamente con mi descargo, la firmé y me fui.

Algunas consideraciones breves sobre las dos actas. La firmada por el alumno denunciante dice que “él” iba en representación de “todos” sus compañeros. El acta que yo firmé sostiene en las primeras líneas que se me entrevista “dado que los alumnos de la sede X se quejan del profesor y dicen que…” No es cuestión de ser todo el tiempo demasiado estricto con el análisis de los discursos, pero es llamativo que la Profesora Directora del CENS, puesto que ella redacta ambas actas, haya realizado el evidente desplazamiento gramatical de un sujeto singular a un sujeto plural en dónde se pasa de la inquietud de un estudiante a la inquietud del colectivo de estudiantes. Señalo esto porque en mi percepción de las clases que tuvimos, el grupo de estudiantes perecía tener una recepción amable y conforme con el modo en que se desarrollaron (cinco clases en total hasta la semana pasada. El alumno denunciante fue a dos por cuestiones personales, al igual que su esposa, estudiante también en el mismo curso. A la primera clase y a la última compartida).

La prerrogativa a no hablar de política en clases es una decisión política del actual gobierno. Al señalar esto no se hace política partidaria, se intenta, cuando menos, ser objetivo con la lectura que se realiza sobre las estrategias que el gobierno actual o cualquier otro gobierno ponen en marcha al definir sus políticas de Estado. Repito, aún con el riesgo de redundar y aburrir, que la educación es política. Cuando los argumentos escasean, la reacción ante ciertos acontecimientos se resuelve con violencia y censura. De más está apuntar la represión violenta y fuera de época llevada a cabo el 1° de septiembre en Plaza de Mayo. De más está apuntar el deshonesto puntapié inicial del accionar de la Policía Federal motivado por grupos de personas infiltradas con el fin de desvirtuar el verdadero motivo de la manifestación para estigmatizar el derecho a la protesta.

Otro hecho que ejemplifica el adoctrinamiento estigmatizante hacia los docentes se resume en el caso del profesor de Política y Ciudadanía que fue amedrentado por la policía de Florencio Varela quienes ingresaron con armas de fuego a la escuela y le pidieron explicaciones a gritos de por qué hablaba de política en sus clases. A esta altura del disciplinamiento estatal lo llamativo no es que una fuerza represiva ingrese a una institución educativa. A esta altura tampoco es llamativo, más allá de la contradicción semántica, que un profesor deba dar explicaciones de por qué habla de política cuando el objeto de estudio de su materia es específicamente política. Lo llamativo es que parte de la sociedad, pequeña parte, se pronuncie a favor de la censura.

Silenciar las voces disidentes y críticas es un acto político arbitrario que empobrece la construcción ciudadana. Los mecanismos para lograr apagar las voces son varios. No hablar de política en las escuelas es uno de ellos. Desvirtuar mediante discursos engañosos la práctica profesional es otro. Esos discursos se pergeñan, hoy, desde diversos sectores. El más relevante son los medios masivos de comunicación (Mass Media según Gianni Vattimo, quién ve allí la realización del súper hombre Nietzcheano).

No es necesario haber leído la Teoría de la acción comunicativa de Jünger Habermas para advertir que nuestras elecciones de acción nos lían con ciertos supuestos ontológicos, y que ellos son producto de dos sujetos que se interrelacionan. En este caso, podemos suponer como uno de esos sujetos a la sociedad en general, y el otro sujeto, los medios de comunicación hegemónicos. En estos medios se está instalando peligrosamente un cúmulo de conceptos que se remontan a las épocas más oscuras de nuestra historia. Para muestra hace falta un botón “Nos están declarando la guerra. Nuestra democracia está en peligro, tenemos que estar atentos” (Editorial de Alfredo Leuco 10/09/2017), “Los Mapuches están financiados por los Kurdos y están en contacto con el grupo radical ISIS”, “Los que iniciaron los desmanes en la plaza son anarquistas, zurdos y kirchneristas”, “En los incidentes de Plaza de Mayo los disturbios fueron iniciados por subversivos, terroristas que actúan del mismo modo que las FARC”, “Debemos tener cuidado con el enemigo interno”. Me excedí de botones.

Una muestra más. El viernes 8 de septiembre de 2017 el diario clarín publicó una nota de la directora del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Claudia Romero. El título de la nota es “Contra la pedagogía del mal”. Más allá de citar la desafortunada frase del Sr. Tomás Abraham que señala que en las escuelas cuando se habla de Santiago Maldonado se ejerce “pedofilia intelectual”, un “abuso de menores que en las aulas son víctimas de adoctrinamiento”; dice la Sra. Romero que “lo que no es legítimo y más aún, lo que destruye el carácter público de los saberes que circulan en las escuelas es distribuir información falsa, imponer dogmas o hacer propaganda de cualquier tipo y color. O sea, practicar la pedagogía del mal”. No creo que ninguno de mis colegas haya practicado esa nueva y estigmatizante figura pedagógica. Creo más bien que lo que intentamos hacer es lograr una comunidad menos intoxicada de tanta violencia pretendidamente teórica y neologística.

Ofrezcamos argumentos, ahora y siempre, para rebatir las acusaciones infundadas que sostienen que hacer política es malo, sucio y feo, o como si hacer política fuera un crimen de lesa humanidad. Y defendamos la práctica docente como un gesto político no doctrinario ni partidario. Quizás, quienes nos acusan de hacer política en las aulas para estigmatizar la educación pública puedan despojarse de esos prejuicios y abandonen la idea de maltratarnos tanto. Esta defensa no es producto de ninguna victimización. Los profesores, los maestros, no somos víctimas. Muchos de nosotros elegimos esta profesión y la practicamos con decisión, excelencia y responsabilidad. No somos reemplazables en nuestro ejercicio. No hay voluntarios que puedan entender lo que es desarrollar contenidos sin haberse preparado pedagógicamente para tal fin. Si hay una disputa de poder, se diputa y se debe respetar la posición de los disputantes. Es una actitud coercitiva y netamente política sostener, como lo hizo el ministro de educación Finocchiaro, que tratar el tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado forma parte “de una grosería y un enanismo intelectual nunca visto” desestimando nuestras capacidades y competencias para tratar el tema en los las aulas y fomentando que los padres denuncien a los docentes que hagan política en las aulas.

Veamos por qué, particularmente, creo que la educación es política.

La palabra política la heredamos de la época griega clásica. Es una derivación de la palabra polis, palabra que significa “ciudad”. Politikós es aquello que hace referencia a los ciudadanos en la polis. En el idioma griego antiguo el femenino de Politikós es Politiké y viene a significar algo así como los asuntos civiles del hombre. La materia que dicto es filosofía. Para Aristóteles todo hombre es un hombre político, sus acciones se enmarcan en la polis, sobre todo en lograr el bien común de la ciudad (paradigma propio de la teleología antigua). Por lo tanto toda acción, palabra dicha u omisión es un acto político.
Un profesor y un alumno están en una relación de constante intercambio político, así esté enseñando la fórmula física de la composición molecular del agua. Está informando, dándole forma a un tipo particular de conocimiento, de saber y, en la dinámica propia del devenir de la polis en la que se encuentra, elige el modo en que lo transmite. Transmitir ese conocimiento es enseñar (que proviene del latín y etc.) y significa orientar sobre el destino o camino que el estudiante debe seguir.

Por su parte, alumno, con mayor o menor consenso es “aquel que no tiene luz” o, en el mejor de los caso “discípulo”. Todos estos términos poseen una potente carga político-jerárquica-disciplinadora. Aceptamos los términos sin reflexionarlos y los utilizamos sin preocuparnos del sometimiento al que nos entregamos.

Por otra parte, vivimos en una República, es decir en una nación en dónde hay una “cosa” y esa cosa es “pública”. Nos afecta a todos. El caso de Santiago Maldonado es una “cosa pública” que no podemos desoír cuando, según lo señalado por la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, la desaparición forzada de personas constituye un “delito continuado” que afecta de manera directa y compleja los derechos humanos más esenciales. No podemos desoírla en la escuela cuando los Derechos Humanos forman parte del diseño curricular de la educación. Volveré sobre ello.

En las clases en dónde surgió el debate, que derivó en la denuncia, se estaban desarrollando contenidos que figuran en el currículo. Estábamos estudiando la “alegoría de la caverna” y “el símil de la línea dividida”. Ambas metáforas pretenden señalar diferentes aspectos metafísicos, epistemológicos, pedagógicos, éticos y políticos. Todas esferas propias del discurrir filosófico. Ambas metáforas se encuentran en una obra de mayor despliegue que se llama República. Su autor, Platón.

El filósofo, en este trabajo extenso pretende entre otras cosas dar cuenta de cuál es el mejor gobierno para la polis. Puede ser una monarquía, una aristocracia, una timocracia, una democracia, u oligarquía. En las clases no profundizamos en estas aristas del texto, ni lo haré aquí, pero sí les comente a los estudiantes el contexto en el que se encuentra la selección de textos ofrecida. ¿Cómo no considerar que, sobre la base de los objetivos que tiene el autor con este libro particular, no haya en esas dos metáforas algún matiz político? Emerge per se y se vuelve evidente que la “alegoría” y el “símil” intentan ser parte argumental de la ingeniería que reforzará la elección del mejor tipo de gobierno.

Discurrir sobre la jerarquía de la realidad, sobre las sombras de la caverna y los objetos que se encuentran fuera de ella y que son causa de las sombras; discurrir sobre aquel que logra desencadenarse de las ataduras a las que estuvo sujeto toda su vida y logra salir a la luz y pretende volver para contar las buenas nuevas; reflexionar sobre la resistencia que ofrecen los que siguen en la comodidad de la costumbre encadenada y no quieren emprender el esfuerzo de experimentar otro mundo es una enseñanza filosófica, ética, estética, política e inevitablemente pedagógica.

En esa exploración de sentido surgió hablar de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en esa búsqueda de sentido se habló de los medios de comunicación y del Estado. Podemos debatir cuál es la mejor forma de Estado, o pensar, si se quiere, que el Estado es el gran problema de los seres humanos, podemos pensar que hay que abolir el Estado (hoy, todo eso debe ser pensado en la oscuridad de la caverna, escondidos y asustados) pero lo cierto es que vivimos en un Estado Nación que, según el contrato que aceptamos, se debe responsabilizar por la seguridad de todos sus habitantes.

Yo firmo el contrato, estoy de acuerdo en aceptar las reglas. Incluso así, el Estado no puede prohibirme pensar ni impedirme enseñar en mi rol de docente a reflexionar sobre los contenidos que se desarrollan en clase. Si a la gestión de este Estado particular le parece que la enseñanza de la filosofía no le es conveniente debería proponer abolirla del diseño curricular como ya intentó hacerlo cuando propuso sacar de la currícula ciertas materia de la educación secundaria, entre ellas historia, mientras gestionaba la Ciudad de Buenos Aires; cuando gestionaba la frustrada intentona de dejarnos sin memoria.

Existen, por último (y mencionando en este paréntesis, sin explanar sus principios, que la filosofía política es una rama específica de la filosofía general) fundamentos legales para tratar temas vinculados a la violación de los derechos humanos en clase por parte de cualquier docente, evidenciando que es la gestión actual del Estado quien adoctrina y desinforma en su pretendida neutralidad que tiene como único fin empobrecer la riqueza de la educación pública, del mismo modo, y de manera paralela, en que empobrece hasta el hambre a gran parte de los habitantes de nuestra nación. Menciono algunos artículos e incisos para ir a dormir, en breve tengo que volver al aula denunciante a continuar con mi tarea de pensar con mis compañeros, los estudiantes.

En el ARTÍCULO 3° de la “Ley de educación Nacional” N° 26.206 se lee que “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”

Fines y objetivos de la Política Educativa Nacional.
ARTÍCULO 11.
Inciso c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.
Inciso o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten.
ARTÍCULO 30.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.
ARTÍCULO 92.- Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando e terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 25.633.

Un comentario Agrega el tuyo

  1. Pablo dice:

    Muy bueno. Muy largo.

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